Hoy el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Miscelánea Fiscal para 2013, que incluye entre otros aspectos, las modificaciones en materia de facturación electrónica que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2013. Esta información es de vital importancia para los contribuyentes de cara a un nuevo ejercicio fiscal, de modo que puedan conocer perfectamente sus obligaciones, así como resolver sus dudas.
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Uno de los esquemas validos para facturar electrónicamente CBB (código de Barras Bidimencional), si ya decidiste facturar electrónicamente asi, aprovéchate que no cueste mas y disfruta los beneficios de imprimir en hoja blanca.
Los avances tecnológicos y las facilidades ofrecidas por éstos en la vida diaria son tan relevantes que han ganado espacios importantes también en la administración pública; ejemplo de ello es la facturación electrónica.
Debido a que el 31 de diciembre de 2012, es el último día para que las empresas con ganancias mayores a los cuatro millones de pesos anuales migren a este tipo de facturación, Consultoría entrevistó a expertos y autoridades en el tema, para disipar dudas y conocer más sobre sus beneficios de ésta.
El licenciado Pedro Canabal Hermida, administrador Central de Comunicación Institucional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), declaró que éste no sólo es un tema fiscal, sino también de competitividad del contribuyente, pues aunque no todos están obligados a facturar electrónicamente para poder prestar un bien o servicio a una empresa grande, hoy es una exigencia.
En concordancia, Raúl Santillán España, director Estratégico de Fiscoclic, sostuvo que las pequeñas y medianas empresas están obligadas a facturar electrónicamente más que por las autoridades fiscales, por sus proveedores o aliados estratégicos; convirtiendo este proceso en un factor de ventaja ante los competidores, quienes ofrecen los mismos servicios, pero los cuales siguen emitiendo facturas convencionales.
Requisitos y números
Para comprender más del tema, Gilberto Sánchez Vázquez, director General de Aspel, explicó que desde 2004 se realiza la facturación electrónica en México y señaló que en diciembre de 2010, las autoridades fiscales anunciaron el inicio del proceso para cambiar de manera paulatina al uso generalizado de la factura electrónica.
“Las formas preimpresas utilizadas como comprobantes fiscales van a concluir su vigencia en diciembre de 2012. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, las opciones por las que puede optar el contribuyente para 2013 son: comprobantes fiscales impresos con código de barras bidimensional o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)”, declaró Sánchez Vázquez.
Asimismo, el Director Estratégico de Fiscoclic mencionó que para expedir CFDI´s es indispensable cumplir con tres requisitos: contar con la Firma Electrónica Avanzada (Fiel), tener un sello digital y un sistema que emita los comprobantes de manera digital.
A pregunta expresa de ¿cómo han respondido a este cambio los contribuyentes? El licenciado Canabal Hermida dijo que: “La evolución va muy bien, prácticamente ya son setecientos mil contribuyentes los que emiten facturación electrónica. A esta fecha se produjeron más de cinco mil 200 millones de facturas electrónicas. Hablando que del gran cúmulo de operaciones, sin tomar en cuenta el número de facturas, sino lo que representan en la actividad económica del país, más de la mitad ya están bajo este esquema”.
En torno a los comprobantes fiscales con códigos bidimensionales que los pequeños contribuyentes pueden utilizar, el funcionario manifestó que: “Más de un millón 200 mil contribuyentes ya optaron por utilizar el código de barras, se trata de un esquema opcional a la facturación electrónica”.
Puntos positivos
Sobre las ventajas que representa facturar electrónicamente, Raúl Santillán de Fiscoclic, expuso que la disminución en costos es significativa, pues se reduce el tiempo de entrega del documento; además, el almacenamiento ya no es físico sino electrónico.
“Tenemos estadísticas que muestran el costo aproximado por factura en todo el proceso de papel es de 12.06 dólares que incluye emisión, envío, mensajería y resguardo, y si lo comparamos con un procedimiento de factura electrónica, cada comprobante está en un promedio de 6.06 dólares”, reveló.
Por su parte, el Director General de Aspel señaló que uno de los beneficios principales es la automatización de procesos; elemento crucial para la pequeña y mediana empresa, quienes según el entrevistado tienen problemas principalmente en la parte de administración y por ello su índice de mortalidad es alto.
Una factura es un documento que comprueba la realización de una transacción comercial entre un comprador y un vendedor. La factura compromete al vendedor a entregar el producto o servicio y obliga al comprador a realizar el pago de acuerdo a lo especificado en dicha factura emitida. La factura electrónica en México es la representación digital de un tipo de Comprobante Fiscal Digital (CFD), que está apegada a los estándares definidos por el SAT en el Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal, y la cual puede ser generada, transmitida y resguardada utilizando medios electrónicos. Cada factura electrónica emitida cuenta con un sello digital (Firma Electrónica Avanzada) que corrobora su origen y le da validez ante el SAT, una cadena orignal que funciona como un resumen del contenido de la factura, y un folio que indica el número de la transacción.
Es probable que al igual que muchos de nuestros clientes usted se esté preguntando, “Es legal la factura electrónica?”. La respuesta es SI, la factura electrónica es 100% legal y desde el 2004 fue avalada por el SAT en el Anexo 20 de la Miscelánea Fiscal referente a los Comprobantes Fiscales Digitales. En dicho documento también se establecen todos los fundamentos legales y técnicos para cualquier persona física o moral que desee emitir Comprobantes Fiscales Digitales. Enlace Fiscal fué desarrollado con estricto apego a lo establecido en el Anexo 20 de la Miscelánea Fiscal, por lo que las facturas que emite son 100% válidas ante el SAT.
Por: Héctor Valencia Morales, MBA. Catedrático de posgrado de la EBC y socio de ASN Consultoría S.C.
En un mundo donde las Tecnologías de la Información están continuamente revolucionando las actividades humanas, han provocado que en la administración y operación de las empresas se extingan algunos equipos que no hace muchos años eran fundamentales, como las máquinas de escribir, los faxes, los proyectores de acetatos o las destructoras de papel.
Cada día se desarrollan nuevas aplicaciones tecnológicas que facilitan la operación empresarial, una de ellas es la facturación electrónica que sustituye al documento tradicional en papel por un archivo digital con la misma validez.
En este tema es importante destacar que la esencia de este esquema de facturación es la firma electrónica, elemento indispensable para poder digitalizar los comprobantes fiscales, la cual tiene validez oficial porque cuenta con el respaldo del SAT; además está regulada por normas internacionales aplicables de forma general, en las Naciones Unidas a través de UN/CEFACT y recomendaciones como UNeDocs, que hacen que la firma electrónica permita incluso la realización de contratos internacionales a larga distancia.
Se ha polemizado mucho el tema de la obligatoriedad del uso de la facturación electrónica en México, sus detractores argumentan 2 cosas: que es un mecanismo que le da mayor control fiscalizador a la autoridad tributaria y que es costoso.
Lo primero es verdad, reduce las formas de evasión; pero lo segundo no, hay más ventajas que hacen que el esquema sea rentable como la oportunidad de la información, tanto en la recepción como en el envío.
Otras ventajas:
En mi opinión, la era digital de la humanidad, el uso de las Tecnologías de la Información y en particular la facturación electrónica están contribuyendo sustancialmente a la eficiencia empresarial, viabilizan las transacciones y le dan mayor oportunidad y certeza a la toma de decisiones.
Otro aspecto destacable del sistema de facturación electrónica es que el documento adquiere validez fiscal sólo cuando se efectúa el pago correspondiente, de tal suerte que mientras esto no suceda, no existe ningún riesgo de que alguien dé un mal uso a la factura, antiguamente perder una factura implicaba la necesidad de levantar un acta y dejar antecedentes de que se extravió.
Por: Héctor Valencia Morales, MBA. Socio director de ASN Consultoría y catedrático de posgrado en EBC
En mi cátedra de posgrado, así como en mi actividad profesional consultando empresas, estos últimos días ha sido frecuente recibir la misma solicitud acerca de mi opinión sobre la Reforma Laboral y en particular sobre los beneficios que le puede generar a las PyMEs.
Puedo afirmar que la Reforma Laboral beneficiará sólo marginalmente a las PyMEs, ya que en esencia el planteamiento tiene 2 grandes objetivos, el primero tiene que ver con la transparencia sindical, muy importante para nuestra nación y útil para la democracia, pero en poco ayuda a la empresa como tal y el otro gran objetivo se enfoca a facilitar la contratación, mediante mecanismos de empleo eventual, primer empleo y contratos por periodos a prueba, es aquí donde encuentro un beneficio marginal para las empresas ya que viabiliza la generación de empleos. No con este comentario intento minimizar el espíritu de la reforma que es urgente para México y en ese sentido cualquier cambio es positivo.
Los beneficios para las PyMEs son poco relevantes ya que la Reforma no ataca el verdadero problema que padecen las empresas en materia laboral, que se refiere al proceso de defensa ante una demanda en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que por cierto no depende del Poder Judicial de la Federación, como debería de corresponder a un órgano que se supone debe impartir justicia, sino al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria del Trabajo; no todo el mundo lo sabe, pero aquellos empresarios que hemos tenido la mala fortuna de conocer la dichosa junta sabemos que representa la mayor expresión de corrupción, burocracia, tortuguismo operacional y coyoteo.
Cuando una empresa toma la decisión de despedir a alguien, aun cumpliendo cabalmente con la ley laboral para ello, es decir pagando la liquidación correspondiente al pie de la letra, sabe que siempre existe la posibilidad de que en algún momento posterior llegue un citatorio para la Junta y es peor cuando el despido se originó por alguna falta grave cometida por el empleado, donde la ley permite a la empresa el despido inmediato, el empresario debe considerar siempre que muy probablemente días después deberá estar enfrentando un proceso viacrucis en la Junta.
Cuando esto sucede, la empresa entiende que independientemente del resultado del laudo, es decir ganando o perdiendo la conciliación, en los 2 escenarios esto va a generar altos costos adicionales.
Las PyMEs generalmente no cuentan con un departamento jurídico interno, de tal suerte que ante una demanda se ven obligadas a contratar los servicios de un abogado externo cuyos honorarios son costosos y aumentan dependiendo del tiempo que se lleve el proceso. Aun con la razón de su lado y con el resultado a su favor, pagar los honorarios del abogado es muy costoso, cosa que para el empleado que demanda no, porque los abogados que los asisten (coyotes) pactan porcentajes sobre lo que obtengan del patrón, de tal suerte que mientras más se alargue el proceso presionan cada vez más a su contraparte a preferir una negociación en donde ofrecen desistirse a cambio de una cantidad económica.
La PyME entonces se enfrenta ante la siguiente disyuntiva:
Cuando un trabajador demanda a una empresa, éste puede argumentar cuanta mentira quiera, ya que en la ley actual la carga probatoria recae íntegramente sobre el patrón, de tal suerte que hay historias de empleados que trabajando 6 meses dentro de una empresa y ganando apenas 2 salarios mínimos fueron despedidos y después de un proceso mal manejado por la empresa, o lleno de traperías y corruptelas, han logrado obtener hasta un millón de pesos.
En resumen, el verdadero problema que presentan las PyMEs en materia laboral es la ineficacia de la ley en materia de impartición de justicia. Existe toda una industria legal detrás de esto y cuando se ven en la necesidad de enfrentar un proceso, siempre terminan enfrentando costos adicionales que en algunos casos llegan a poner en riesgo su capital.
Me preguntan cómo influye la nueva Reforma Laboral en las Pymes, tristemente muy poco, ya que tendrán que seguir lidiando con la Junta de Conciliación, sus coyotes, corruptelas y tranzas.
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